El Decreto ley 10/2026, publicado en el Boletín Oficial de Canarias el 11 de noviembre, modifica el régimen transitorio de las viviendas vacacionales. Su novedad más visible es una fecha: en determinados expedientes, la comunicación previa de actividad clasificada podrá presentarse hasta el 31 de diciembre de 2027.
El plazo no regulariza automáticamente una vivienda
La disposición transitoria décima delimita quién puede acogerse: personas que presentaron declaración responsable antes de la entrada en vigor de la Ley 6/2025 y que no llegaron a presentar la comunicación previa de actividad clasificada, o cuya comunicación fue rechazada o declarada ineficaz. Además, exige acreditar la situación urbanística y aportar una memoria técnica elaborada por profesional competente, con planos, distribución actual y fotografías, entre otros requisitos.
Por tanto, no basta con tener una vivienda anunciada, una licencia antigua o una declaración responsable. La norma describe un supuesto transitorio concreto y requiere revisar documentos y situación urbanística del inmueble.
Qué pasa si el expediente sigue incompleto
La disposición transitoria undécima contempla, para los supuestos a los que se aplica, un periodo adicional de hasta cinco años de actividad tras el vencimiento del plazo correspondiente. Cumplido ese periodo sin subsanar los requisitos, deberá cesar la actividad. No debe interpretarse como una autorización general de cinco años para cualquier vivienda vacacional.
Atención especial a las islas verdes
El decreto incorpora un régimen específico para El Hierro, La Gomera y La Palma. La aplicación de determinadas exigencias territoriales y urbanísticas de la Ley 6/2025 queda diferida al 13 de diciembre de 2030, conforme al marco especial indicado en la propia norma. Las demás obligaciones se valoran según su compatibilidad y el caso concreto.
Qué conviene comprobar antes de actuar
- Fecha y contenido de la declaración responsable presentada.
- Si existe comunicación previa de actividad clasificada y cuál fue su resultado.
- Licencia, primera ocupación o documentación urbanística aplicable.
- Correspondencia entre la realidad construida y planos, superficies y distribución.
- Requisitos técnicos y de seguridad exigibles en el municipio y para ese inmueble.
La decisión prudente es ordenar el expediente antes de invertir, comercializar o cambiar el uso. Una lectura general del decreto no sustituye el análisis técnico y jurídico individual.
Fuente oficial
Decreto ley 10/2026, de 9 de noviembre (BOC n.º 226, anuncio 3911). Revisa especialmente las disposiciones transitorias décima y undécima. La aplicación depende de los antecedentes y características de cada inmueble.
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